DGA y PDI realizan operativo en Azapa y Vítor ante denuncias por extracción ilegal de aguas
Trabajo conjunto del MOP y el Ministerio Público tras una decena de denuncias, tuvo como resultado tres personas detenidas y la incautación de bombas de extracción en sus predios
16-05-2015 15:00:00 Dirección General de Aguas
Durante
las últimas 48 horas, personal de la Dirección Regional de Aguas del Ministerio
de Obras Públicas (MOP) y de la Brigada Investigadora de Delitos contra el
Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, realizaron un operativo
en los valles de Azapa y Vítor, en torno a una investigación que realiza la
Fiscalía del Ministerio Público por el delito de usurpación de aguas contra
distintos particulares.
Como
resultado de inspecciones a 10 predios, la PDI detuvo a tres personas al
constatarse que en sus parcelas se estaba cometiendo el delito de usurpación de
aguas, que se encuentra tipificado en el Código Penal. En las tres propiedades
se procedió también a la incautación de motobombas utilizadas para la extracción
ilegal. Asimismo, en los otros siete casos, debido a la ausencia de moradores o
por detectarse fallas en los sistemas de extracción descubiertos, se cursaron
citaciones a los infractores.
El
secretario regional ministerial de Obras Públicas, Jorge Cáceres destacó que
esta acción conjunta con la PDI, se enmarca dentro de los compromisos del
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet “de realizar acciones decididas
para el cuidado del agua, declarándola un bien nacional de uso público y
resguardando su uso sustentable para prioridades como el consumo humano y
actividades productivas. Es por eso que desde que asumimos el Gobierno se ha
dispuesto el refuerzo de los equipos de fiscalización de la Dirección General
de Aguas y se ha decidido denunciar ante el Ministerio Público a quienes están
usando aguas sin tener los derechos constituidos”.
Cáceres
detalló que el operativo pudo concretarse, gracias a una denuncia que realizó
la Dirección Regional de Aguas el 17 de febrero pasado ante el Ministerio
Público para su persecución penal y lograr el pago de multas al Fisco por parte
de los infractores. Esta acción se adoptó, tras efectuar fiscalizaciones el año
2014 en los valles de Azapa y Vítor, donde en inspecciones sucesivas se
detectaron la 10 captaciones irregulares de aguas.
“El
acuífero del valle de Azapa presenta un agotamiento, que puede desembocar en un
colapso si no adoptamos medidas urgentes. Esto quiere decir que hay
extracciones ilegales que superan con creces los derechos que están
autorizados. En temporada alta de producción del valle como lo es ahora, sin
duda que esa condición de agotamiento aumenta. Por eso debemos evitar que siga
disminuyendo el agua disponible y que ésta empeore su calidad, porque de ser
así, la agricultura se verá en serios aprietos”, expuso el seremi.
Por
su parte, el subcomisario de la Bidema de la PDI, Javier Gaete, valoró el
resultado de la diligencia conjunta, “ya que logramos detectar pozos ilegales
que estaban funcionando sin tener los derechos constituidos. Descubrimos
que esta infraestructura estaba siendo utilizada para el regadío de vegetales
que posteriormente son comercializados. Logramos detener a tres personas, ya
que detectamos que estaban cometiendo el delito flagrante de usurpación de
aguas, recogiendo en sus predios toda la evidencia disponible como bombas y
sistema eléctrico utilizado, elementos que servirán para su posterior sanción
en el tribunal”.
Asimismo,
el director regional de Aguas, Héctor Flores, subrayó que “la DGA ha hecho un
esfuerzo importante por fortalecer la Unidad de Fiscalización Regional,
dotándola de un equipo de tres fiscalizadores y una abogada, decisión
estratégica que nos ha permitido agilizar nuestro trabajo y aumentar en un 50
por ciento las inspecciones selectivas que hoy nos están permitiendo llevar
causas a los tribunales”.
En
cuanto a las penas que arriesgan los infractores, el Código Penal en su
artículo 459 establece una sanción que puede ir desde los 61 días hasta los 540
días de cárcel, y otra de tipo administrativo, que involucra multas entre 11 a
20 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, desde 478 mil pesos a 869 mil
pesos. En caso de ser reincidente, la pena puede ir desde los 541 días hasta
los 3 años de presidio.