Director General de Aguas del MOP expuso sobre reformas al Código de Aguas en Valdivia
En la Universidad Austral dirigentes de APR, regantes, comunidad indígena y autoridades, conocieron la reforma que garantiza el derecho humano de acceso al agua y busca castigar a los especuladores que no usan el agua en desmedro de quienes sí la necesitan.
16-06-2017 17:15:00 Dirección General de Aguas
Son dos los proyectos de modificación al Código de Aguas de 1981, que impulsa el gobierno y que se encuentran en votación en el Senado. El primero, boletín 7543-12, apunta a equilibrar el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento con la preservación ecosistémica y el uso productivo. Y el segundo, boletín 8149-09, busca mejorar la transparencia en la información, aumentar las facultades fiscalizadoras, otorgar por primera vez atribuciones y funciones a la DGA en materia de calidad de las aguas e incrementar la cuantía de las sanciones que hoy en día son por un máximo de 20 UTM para quienes violan la ley y perjudican los derechos de terceros.
Así lo dio a conocer el director general de Aguas del MOP, Carlos Estévez, este viernes 16 en un encuentro con dirigentes de APR, regantes, comunidad indígena, autoridades y público en general en la Universidad Austral. También estuvo presente el senador Alfonso De Urresti, quien resaltó que “es necesario que la gente conozca más sobre estas iniciativas que persiguen velar por la sustentabilidad del recurso hídrico, un bien cada día más escaso y el cual debemos cuidar entre todos”.
A su vez, el intendente Ricardo Millán puntualizó que “he tenido la voluntad de plantear ante los Consejeros Regionales, la necesidad de crear una Política Regional, que nos permita a través de esta importante reforma tener una postura como región y así enfrentar una situación evidentemente cambiante respecto a temas climáticos, pero que además tiene un desafío importante que se origina en torno a este vital elemento".
Estévez hizo especial énfasis en la reforma que busca una gestión equilibrada del agua, que garantice el derecho humano de acceso al agua para consumo, saneamiento y subsistencia. Aclaró que “ante un escenario de cambio climático, una demanda cada vez mayor por agua y un código que tiene un enfoque casi exclusivo en productividad, buscamos promover su uso efectivo. Queremos castigar a los especuladores y titulares de derechos ociosos, quienes acaparan agua y no la utilizan, para que la devuelvan al Estado y sea redistribuida a quienes sí la necesitan y usan”.
Explicó que el Estado podrá reservar aguas para consumo humano y que beneficia a los Comités de Agua Potable Rural para extraer aguas sin solicitar derechos cuando éstas se encuentren en terrenos del Comité, de sus socios o en bienes fiscales si cuentan con la servidumbre respectiva, entre otras disposiciones.
“Esta reforma en particular, facilita que los usuarios de aguas que no tengan sus derechos regularizados, puedan hacerlo con un trámite simple ante la Dirección General de Aguas, ya no tendrán que ir a tribunales. Además, podrán hacerlo de forma individual o colectiva por las organizaciones de usuarios. Para ello, el Estado dispondrá de $2.750 millones de recursos nuevos para regularizar aquellos usos ancestrales o de predios CORA”, destacó Estévez.
Respecto a la temporalidad de los derechos, fue claro en señalar que “los nuevos derechos se entregarán por un máximo de 30 años, prorrogables, a fin de velar por la sustentabilidad de las fuentes naturales de agua. Mientras que los derechos antiguos mantendrán su carácter de indefinidos”.