Senado aprobó en general proyecto de ley que refuerza atribuciones fiscalizadoras y capacidad sancionatoria de la Dirección General de Aguas del MOP

Aprobación por unanimidad tuvo esta iniciativa que amplía la información, comprende multas de mayor cuantía para quienes cometan infracciones y nuevas sanciones a quienes dupliquen títulos, permite a los fiscalizadores ingresar a predios y llamar a la fuerza pública. Además, sanciona la reincidencia de delitos, velando por la sustentabilidad de los acuíferos y la disponibilidad de las fuentes.

11-01-2017 20:00:00 Dirección General de Aguas

  Senado aprobó en general proyecto de ley que refuerza atribuciones fiscalizadoras y capacidad sancionatoria de la Dirección General de Aguas del MOP

Hoy miércoles11 de enero,  la sala del Senado aprobó en general, en votación por unanimidad, con 32 votos, el proyecto de ley Boletín 8149-09, que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en  materia de información, fiscalización y sanciones, reforzando las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) en estos aspectos.

“Esta reforma tuvo un importante apoyo de los parlamentarios, viene a llenar el vacío que el Código de 1981 tiene en temas de fiscalización y sanción del uso de las aguas.  Por lo tanto, estas modificaciones constituyen una importante herramienta para que la DGA fiscalice a aquellos inescrupulosos, quienes sin importarles la situación de escasez hídrica que hoy vive el país, cometen infracciones”, destacó el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

“Quienes hoy infringen el Código de Aguas son sancionados, pero las multas del Código de Aguas vigente son mínimas, de sólo 20 UTM.  Por eso, con esta reforma se aplican duras sanciones a quienes modifiquen cauces sin autorización o extraen aguas sin derecho, pudiendo duplicarse las multas en caso de reincidencia. Se tipifican infracciones con agravantes y atenuantes dependiendo del contexto hídrico y la DGA podrá sancionar directamente a los infractores”, destacó el Director General de Aguas, Carlos Estévez.

Esta reforma amplía el ámbito de la información, ya que las organizaciones de usuarios de agua deberán instalar sistemas de medición y de transmisión de sus extracciones; los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas deberán  informar el uso de las aguas al constituir y transferir sus  derechos;  y el Conservador de Bienes Raíces informará a la DGA de todas las inscripciones de derechos en un formato práctico. “Estas medidas transparentan la información, lo que nos permitirá darla a conocer a la ciudadanía. Podremos cruzar los datos, saber a cuánta agua tiene derecho un usuario según el derecho inscrito, para luego contrastar esta información con las extracciones reales en la fuente”, explicó Estévez.

En materia de fiscalización, se faculta a la DGA para acceder a predios colindantes con cauces naturales para cumplir sus funciones; solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública en sus funciones de fiscalización, lo que hoy debe hacerse a través de los intendentes y gobernadores;  y los fiscalizadores DGA tendrán la calidad de ministros de fe, dando mayor respaldo a sus informes;además, la DGA podrá ejecutar por sí u ordenar la ejecución de sus resoluciones para regularizar cauces  a otros servicios MOP ante su incumplimiento. Por último, permite a la DGA aplicar directamente sanciones elevadas ante modificaciones no autorizadas de cauce.

En cuanto a las sanciones, se tipifican las infracciones al Código de Aguas con sanciones de mayor cuantía a las actuales, las que hoy son mínimas;  se gradúan las multas según características objetivas para reducir la discrecionalidad; y para quien duplique la inscripción de su derecho en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces, se crea una sanción penal nueva con multas y la revocación del título duplicado. Entre las infracciones más recurrentes figuran el construir obras no autorizadas encauce, extracción de aguas no autorizadas, incumplimiento de la obligación de instalación de control de extracciones y extracción de áridos no autorizada, entre otras.

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