MOP valora fallo judicial para regante que amenazó y retuvo a fiscalizadores DGA
Se decretó 61 días de pena remitida con firma mensual por un año para el dueño del fundo El Delirio, que en marzo de 2015 mantuvo retenidos a los funcionarios de la Dirección General de Aguas que lo fueron a fiscalizar por extracción ilegal de aguas.
15-03-2016 17:00:00 Dirección General de Aguas
Seremi de OOPP de la región de Coquimbo, Mirtha Meléndez, valoróel fallo de la primera sala del Juzgadode Garantía de Vicuña, que determinó que los hechos cometidos por el dueño delfundo El Delirio, Wilson Eduardo Fuentes Correa, en marzo de 2015, configuranun delito de atentado contra la autoridad de los artículos 261 N° 2, 262 inciso2° y 266 del Código Penal, puesto que amenazó y retuvo a funcionarios de la DGAMOP cuando realizaban labores de fiscalización por extracción ilegal de aguas.
“Este fallo y el emitido hace dos meses por laCorte Suprema respecto al delito de extracción ilegal de aguas, reafirman quela acción de la DGA y el MOP ante este tipo de infracciones es y seguirá siendocorrecta. No podemos permitir, en situaciones donde la gente no tiene agua parabeber y subsistir, que exista uso ilegal del recurso en detrimento de otrosusuarios y el ecosistema”, afirmó Meléndez.
La sentencia, de 1 de marzo de2016, indica que el 26 de marzo de 2015 a las 13:30 horas, en la finca ubicadaen la comuna de Paihuano, funcionarios de la Dirección General de Aguas MOP dela región de Coquimbo cumplían con una resolución DGA, con auxilio de fuerzapública, que ordenaba detener una extracción no autorizada de aguassubterráneas desde un pozo que efectuaba el imputado.
Tal como consigna el tribunal, conocasión de la fiscalización, el dueño del fundo “resistió con intimidación laactuación de los funcionarios de la Dirección General de Aguas, amenazándolos con golpearlos con palos yenviar perros para atacarlos, e impidiendo que salieran de la propiedad,quedando los funcionarios atrapados hasta las 17:30 horas, debido a que laspuertas de acceso fueron bloqueadas con vehículos y cerradas con candados deseguridad por personal y familiares del imputado (…) logrando los funcionarios escapar solo con la ayuda de empleados de laMunicipalidad de Paihuano, quienes abrieron un camino aledaño que les permitióel paso
Debido al caso, el tribunaldeterminó que en la comisión del delito no solo se vio afectada la seguridad delas víctimas, sino que además su libertad ambulatoria, “por cuanto por más detres horas se vieron impedidos de salir del lugar de ocurrencia del delito, sinllegar a constituir el delito de secuestro”. Por ello, tal como lo planteo ensu respuesta el Fiscal Regional de Coquimbo ante la solicitud de suspensióncondicional del procedimiento realizada por la defensa del imputado, era “particularmentenecesaria la persecución criminal y socialmente inconveniente la salidaalternativa de suspensión condicional del procedimiento”.
Cabe recordar que la extracciónno autorizada que realizaba la “SOCIEDAD WILSON CORREA Y OTROS” es especialmentesignificativa en una zona afectada desde hace años por la escasezhídrica. El pozo en cuestión, que fue construido por el Fisco aprincipios de los años setenta, es capaz de extraer 50 litros por segundo deagua, cifra que alcanzaría para abastecer de agua potable a casi 20 milhabitantes.
Los hechos que investigó la DGAse remontan al año 2012 cuando un particular denunció una extracción noautorizada de aguas subterráneas, hecho que fue investigado por el ServicioMOP, dictándose la Resolución D.G.A. Región de Coquimbo N° 102 (Exenta), de 29de enero de 2013, que acogió la denuncia y ordenó a la infractora detener laextracción no autorizada de aguas subterráneas bajo apercibimiento de requerirseel auxilio de la fuerza pública (Art. 138 Código de Aguas). Ante elincumplimiento de lo ordenado, funcionarios de la DGA debieron concurrir a lasdependencias en compañía de Carabineros de Chile desarrollándose los hechos enla forma ya señalada.
El juicio a Wilson EduardoFuentes Correa se realizó mediante un procedimiento simplificado, en el cual eldemandado admitió su responsabilidad en los hechos.