“El agua es bien de uso público, no un bien de mercado”
El Director General de Aguas (TyP) del MOp defiende la pertinencia de los cambios a la institucionalidad hídrica que se discuten en el Congreso y dice que ella debe hacerse cargo de un problema muy claro: tenemos respuestas homogéneas para un país que es heterogéneo.
22-12-2014 22:00:00 Dirección General de Aguas
“El agua no puede esperar” dice
categórico el abogado Carlos Estévez, que en este quinto año de sequía
implacable en la zona central del país enfrenta el desafío de encabezar el
organismo estatal encargado de promover la gestión y administración del recurso
hídrico en un marco de sustentabilidad, interés público y asignación eficiente:
la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.
“Pensar que no hay que hacer
nada, que hay que esperar, que es un tema de gestión, de inversión o de
contratar más personas, es pensar que el agua puede esperar y nosotros pensamos
que no es así”, recalca, a propósito del revuelo que está provocando la
tramitación de la reforma al Código de Aguas, algunas de cuyas modificaciones
según la Sociedad nacional de Agricultura (SNA) serían inconstitucionales y
amenazarían el derecho de propiedad de los titulares de derechos de
aprovechamiento del recurso.
“Son propuestas serias,
responsables y perfectamente coherentes con la Constitución y así lo acaban de
señalar destacados constitucionalistas en la Comisión de Recursos Hídricos”,
responde Estévez en alusión a la asistencia de los abogados Arturo Fermandois y
Emilio Pfeffer a una de las últimas sesiones de ese grupo de trabajo de la
Cámara de Diputados.
El jefe de la DGA recalca asimismo
que lo que se discute hoy es la indicación sustitutiva al proyecto de reforma
al Código presentada por el Gobierno que contempla la priorización de usos del
agua para consumo humano y saneamiento; entrega mayores atribuciones a esa
Dirección para limitar y redistribuir las aguas, especialmente en situaciones
de escasez hídrica, y exime a los solicitantes de derechos para agua potable
rural del mecanismo de remate.
Asimismo fija causales de
caducidad del derecho de aprovechamiento de aguas por el no uso efectivo del
recurso o la omisión del titular de cumplir la obligación de registro y
establece un sistema de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas
sobre la concesiones de 30 años renovables precia verificación de uso efectivo
del recurso.
“El propósito de las indicaciones
es intensificar el carácter del agua como bien nacional de uso público, como
está definida en el Código Civil y en el Código de Aguas, porque no es un bien
de mercado” señala y enfatiza que los ejes de la reforma son el acceso al
recurso para consumo humano y saneamiento en conformidad con la resolución de
Naciones Unidas en tal sentido buscar un equilibrio entre el uso del agua y su
sustentabilidad; posibilitar la mejor eficiencia en el aprovechamiento de
aquélla y el buen funcionamiento del mercado, que se ve alterado por prácticas
como el no uso del agua o la falta de inscripción de los derechos de
aprovechamiento en el Conservador de Bienes raíces para eludir el pago de
patente.
MULTAS IRRISORIAS
Estévez expone que la DGA “está
planteando que en situaciones críticas o en que la sustentabilidad del acuífero
esté en juego, la autoridad pueda adoptar decisiones que aseguren el buen
funcionamiento del balance hídrico”, para lo cual hoy no está facultada y solo
puede prorratear las agua si un tercero se lo solicita expresamente al ver perjudicados
sus derechos.
Además, en alusión a la agenda
legislativa vinculada con el recurso hídrico, recalca la intención de revisar
la iniciativa sobre fiscalización y sanciones que se encuentra en segundo
trámite constitucional en el Senado. “Creemos que es tiempo de reabrir la
discusión y ver si vamos a hacer algunas indicaciones porque hoy en día la
realidad es que quien contraviene el Código de Aguas, quien usurpa agua, quien la
extrae de modo ilegal, tiene unas multas que son irrisorias”.
“Si uno va a la Ligua o a Petorca”
– prosigue – se encuentra con que esto es un problema gravísimo, que aunque la
unidad de fiscalización actúe adecuadamente y remita todos los antecedentes al
tribunal correspondiente, los resultados son casi cómicos. Esto es muy triste. Es
más bien tragicómico.
En el marco del cambio climático, ¿la sequía
llegó a esta zona para quedarse como en la Región de Coquimbo?
Si uno dividiera las aguas que corren
en el globo terráqueo por el total de sus habitantes, el promedio mundial – y no
estoy hablando de estos años, - es de 6.600 metros cúbicos por persona al año.
En la región de Valparaíso, en los últimos 80 años, es al menos seis veces
menor que el promedio mundial, y el de Chile es nueve veces mayor que este
último. En el país se han ido consolidando tres grandes macrozonas. Desde la
Región Metropolitana al norte, me atrevería a decir que se está constituyendo
una macrozona de aridez, semiaridez o desertificación. En ese grupo de regiones,
Valparaíso es la que tiene más disponibilidad de aguas de escorrentía
superficial: se acera a los 900 metros cúbicos por persona al año. Pero hay
zonas en el extremo sur que tienen millones de metros cúbicos. Entonces, el
tema es evaluar en forma seria y metódica una nueva institucionalidad hídrica
que se haga cargo de un problema muy claro: tenemos respuestas homogéneas para
un país que es heterogéneo.
En el
corto plazo, pensando en el agua potable rural que funciona con pozos que se
están secando, como parece ser también la situación en algunos balnearios de la
región, ¿qué podemos esperar?
Cuando hay
buena situación hídrica la gente dice “el mercado funcionó bien” y cuando
ocurre lo contrario pregunta qué hace el Estado al respecto.
Yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo. Nosotros
creemos que ya llegó la hora de definamos por ley que el agua para el consumo
humano debe tener una prelación y prioridad distinta y diferenciada, y eso hoy
día no está en la ley. Cuando se trata de agua potable, de agua potable rural
particularmente, si se pide agua para ese fin y una empresa solicita los mismos
derechos para uso productivo, pensamos que no debe utilizarse el mecanismo de
remate para determinar quién se queda con el agua. No deben utilizarse solo
mecanismos de mercado. Nosotros no somos enemigos del mercado, pero creemos que
cuando hay que garantizar un bien esencial para la comunidad y que tiene que
ver con la salud y la vida, hay que tomar decisiones radicales, claras y
expeditas y eso tiene que ver con la reforma al Código de Aguas.
LOS EMBALSES
Los
productores agrícolas dicen que por falta de embalses se pierden anualmente
1.200 millones de metros cúbicos que pasan por el Aconcagua y van a dar al mar
y que con un cuarto de esa agua la región de Valparaíso no tendría problemas.
El Ministro Alberto Undurraga ha
anunciado un plan de embalses para la región. Esto se ha trabajado y conversado
con la Comisión Nacional de Riego y en forma coordinada con la Dirección de
Obras Hidráulicas de nuestro Ministerio. Creemos que efectivamente en la región
de Valparaíso hay que trabajar en esa línea, es necesario hacerlo. Hay lugares
donde las soluciones son de carácter distinto y a veces son muy complejas. Puntilla
del Viento es un ejemplo porque hay personas que se encuentran en el lugar
donde se desarrollaría el embalse. Sin embargo, no toda el agua que llega al
mar se pierde. No hay que olvidar el componente de sustentabilidad y ecológico.
Hay vida que depende del encuentro entre agua dulce y salada. Pero creemos que
estamos en condiciones de hacer mayores inversiones para asegurar y mejorar el
riego, por una parte, y por cierto para asegurar el consumo humano.
CRITICAS DE LA SNA
La SNA ha
sido muy crítica de la reforma al Código de Aguas, planteando que extendería a
derechos ya concedidos las limitaciones que tendrían las nuevas concesiones de derechos
de aguas, y eso lo ve como una amenazan al derecho de propiedad.
No estamos discutiendo la idea de
legislar. En esa etapa alguien puede decir que es conveniente o inconveniente
hacerlo. Algunos pueden creer que puede esperar y por lo tanto hay que tomarse
10 o 20 años antes de tomar decisiones de fondo. Nosotros creemos que el agua
no puede esperar. El Código de Aguas se pensó y se trabajó en la segunda mitad
del siglo 20. Estamos en el siglo 21, el fenómeno del cambio climático es
evidente y tenemos que hacer cambios.
Por otra parte, los constitucionalistas que asistieron a la comisión de
recursos hídricos plantearon claramente que no hay un reproche de constitucionalidad
en la materia y que no consideran que
las propuestas de extinción de los derechos o caducidad en los casos
excepcionales que se están planteando puedan ser inconstitucionales.
¿La reforma
toca los derechos ya concedidos de aprovechamiento de aguas?
La reforma toca todos los
derechos y en algunos aspectos hace una distinción entre aquellos a concederse
respecto a los concedidos. La reforma del año 2005, que estableció el pago de
patente a quien no usaba el agua, a través de una presunción en función de la
existencia o no de obras para extracción de la misma, afectaban derechos que
existían. Eso es algo que el legislador puede hacer siempre; la Constitución
así lo determina. Distinto es que afecte la esencia del derecho o que esta
afectación llegue a significar una suerte de extinción del derecho, que
nosotros estamos planteando en casos muy específicos, donde además no existe el
factor sorpresa ni de imprevisibilidad, donde depende del propio titular si
puede o no ser afecto de esta extinción de derechos.
También
la SNA teme que la calificación del mal uso de derechos de aprovechamiento
pueda ser parcial o arbitraria.
No es arbitrario, está en la ley
hoy día. Creo que en estos 20 años no ha habido ningún reclamo de arbitrariedad
al respecto, porque la ley determina específicamente qué se entienden por el no
uso del recurso en el artículo 129 bis y siguientes. No se está cambiando esta norma.
Se está aplicando la misma porque es objetiva y clara, no puede ser objeto de
discreción.
La misma
SNA plantea que la normativa vigente en materia necesita algunos ajustes, pero
en general funciona. ¿Funciona?
Hay cosas que funcionan, otras
que no funcionan y hay cosas que funcionan mal. Creer que nuestra
institucionalidad y nuestra legislación está preparada para el fenómeno climático
con la normativa que actualmente tenemos sería un grave error. Creer que esta
iniciativa de la que estamos hablando es la única y definitiva ley que hay que
hacer para enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante sería también
un grave error. Nosotros creemos que hay que hacer cambios múltiples cambios,
además de revisar la iniciativa sobre fiscalización y sanciones.
¿Cómo
cuáles?
La Presidenta señaló en su
discurso del 21 de mayo que se va a remitir un proyecto de ley vinculado con la
protección de los glaciares, lo que será una tercera iniciativa con algún efecto
sobre la normativa de aguas. La cuarta. Regular el buen funcionamiento a nivel
de cuencas, de la gestión integrada de recursos hídricos y empoderar a las
organizaciones de usuarios.
Además tenemos un serio problema
de institucionalidad hídrica; no puede ser que tengamos más de 100 funciones
distribuidas en más de 40 organismos que muchas veces se yuxtaponen. Se
requiere una mirada conjunta. Es tan así que ya en 2009 la presidenta Bachelet
constituyó una coordinación interministerial de recursos hídricos y hoy tenemos
funcionando un comité de ministros abocado a la materia. Es necesario abordar
el tema de una nueva institucionalidad que esté a la altura de los tiempos. Todo
esto apunta a una sola cosa: no sería aceptable que en medio de una sequía como
la que estamos viviendo, en medio del fenómeno del cambio climático y además
existiendo debilidades serias como las que existen, nosotros nos quedáramos
cruzados de brazos”.
MÁS RECURSOS HUMANOS PARA CUMPLIR
LABOR DE FISCALIZACION
Sobre la crítica que se le ha
formulado a la DGA en el sentido que habría descuidado su rol fiscalizador,
Carlos Estévez expone que en su estructura orgánica el organismo no tiene una
división de fiscalización fue creada a posteriori como una unidad y se ha
mantenido en el tiempo gracias a la ley de presupuestos. “Hasta antes del 1 de
enero del 2015 esta unidad ha tenido 31 funcionarios que o están 100% dedicados
a fiscalización porque deben también realizar fiscalización ambiental. Pero en
la discusión del presupuesto 2015 pedimos que el ítem para dotación de recursos
humanos pueda ir creciendo, de modo que cuando se termine el gobierno de la
presidenta Bachelet se cumpla con las recomendaciones del informe del Banco
Mundial 2011, que dice que a la DGA le faltan 105 profesionales para poder
cumplir sus funciones. Yo podría preguntar en qué año de la administración
anterior se aumentó la dotación de la DGA. Para 2015 se regularizó el déficit y
se autorizó el crecimiento en 29 profesionales para fiscalización y gestión,
toda vez que efectivamente se arrastra desde hace muchos años lentitud en la
tramitación de expedientes.
Fuente: Mercurio de Valparaíso, publicado el domingo 21 de diciembre en cuerpo de reportajes. Hecha
por la periodista Rosa Zamora.
Lea la noticia original en estos links:
link.
y
link.